El desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ha recorrido un tortuoso camino desde su aprobación en diciembre de 2006 por las Cortes.
Para su impulso se ha constituido y coordinado un Consejo Territorial compuesto por miembros de la Administración Central, de cada Comunidad Autónoma y de ayuntamientos, primando siempre la calidad del voto de la Administración Central. Todos estos representantes de la ciudadanía han redactado cuatro Reales Decretos y otras resoluciones y convenios para poner en marcha, al fin, tan esperada Ley. Mediante esta Ley, el gobierno hace suyos los derechos, ya afirmados por relevantes organismos internacionales, de las personas con diversidad funcional y se compromete a “hacer efectivo un sistema de servicios sociales de calidad, garantistas y plenamente universales…” orientando sus acciones a mejorar “la promoción de la autonomía personal, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades” de cada individuo.
Este era el reto hace siete meses. Para mejor vender el producto se comunicó a la población que, además de cumplir una ineludible y obligatoria labor, promulgar esta legislación traería consigo otros beneficios, principalmente el generar nuevos puestos de trabajo. Tras varios meses desde la entrada en vigor de la LEPA, se han creado miles de puestos de trabajo. En especial se han favorecido los sectores sociales, administrativos y la construcción.
En lo referente a aquellas personas para quienes se aprobó la Ley, los beneficios actuales y previstos a corto plazo son nulos.
El Gobierno, que se comprometió por escrito a promover “la autonomía personal, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades”no ha cumplido. Los innegables derechos de un creciente sector de la población se ven negados. El colectivo formado por las personas con diversidad funcional se halla excluido y apartado de la sociedad a la que pertenece. Con su aquiescencia y dejadez, también nuestro Gobierno nos discrimina.
Ante tal situación, el Foro de Vida Independiente articula su postura indicando que:
- Las nuevas prestaciones y su copago suponen
- Unas mínimas e insuficientes horas de atención personal para dar ciudadanía plena a las personas que quieren vivir en situación de “inDependencia”.
- El nulo fomento de la figura del Asistente Personal en favor de otras tales como la Ayuda a Domicilio, centros diurnos y nocturnos, y Residencias, que propugnan la institucionalización de las personas a quienes supuestamente ampara esa Ley.
La institucionalización fomenta espacios y contextos donde se ejerce violencia. Así lo denuncia la propia Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades (FEMM) del Parlamento Europeo en el Informe sobre la situación de las mujeres de los grupos minoritarios en la Unión Europea (2003/2109(INI)), aprobado el 24 de febrero de 2004, donde se explica que el 80% de las mujeres con diversidad funcional es víctima de la violencia y tiene un riesgo cuatro veces mayor que el resto de mujeres de sufrir violencia sexual. Y, que el 68% de esas mujeres vive en instituciones, y están expuestas a la violencia de personas de su entorno, ya sea personal sanitario, de servicio o cuidadores.
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- El fomento de la precariedad laboral de los asistentes personales con retribuciones por debajo del salario mínimo interprofesional.
- La perpetuación de la discriminación sustentada en conceptos anticuados y perniciosos no avalados actualmente por el sistema de Derechos Humanos.
- Son inaceptables las ínfimas prestaciones, no se adaptan a las necesidades de cada individuo.
- De los cientos de millones de euros ya invertidos en este nuevo sistema, sus destinatarios no han recibido ni uno solo. Los destinatarios de los fondos hasta ahora invertidos han sido otros actores (administración, empresas, profesionales, etc.) que siguen decidiendo cómo y dónde debemos vivir.
Por lo tanto el Foro de Vida Independiente propone:
- El establecimiento de unas nuevas prestaciones que cumplan con el objetivo final de la Ley que no es otro que contribuir a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación de personas con diversidad funcional que viven en situación de “inDependencia”.
- Prestaciones razonables en tiempo y de calidad suficientes de ayuda domiciliaria y asistencia personal adaptadas a las necesidades de asistencia de cada individuo, prestaciones que han de evaluarse periódicamente por un baremo adecuado.
- La equiparación jurídica y laboral de la asistencia personal a otras figuras de modo que garantice una verdadera vida independiente a las personas (y sus familias) a quienes se dirige esta Ley.
- Que los fondos sean destinados prioritariamente a la promoción de la autonomía personal de las personas y a su atención, en lugar de priorizar los puestos de trabajo e infraestructuras que en algunos casos no son necesarias o no cubren los objetivos de la Ley.
Además, el Foro de Vida Independiente constata que:
Servicio de promoción de la autonomía personal.
- La prestación de asistencia personal es un Derecho Humano reconocido en el artículo 19 de la Convención de la ONU celebrada los días 14 a 25 de agosto de 2006, ratificada por el Gobierno español el 30 de marzo.
- El objetivo de esta prestación debe ser contribuir a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación de personas con diversidad funcional, tal como indica entre sus objetivos y en su articulado la ley de “inDependencia” e instaura la propia Constitución Española, art. 9.2.
- No se definen las funciones de quienes ejercen la Ayuda a Domicilio (“arresto domiciliario”, pues no contempla ninguna ayuda fuera de la vivienda) al no establecer diferencias con las del Asistente Personal.
- Es incomprensible que este gobierno, en un estado de bienestar y en un escenario de bonanza económica, presuma de ser la octava potencia económica mundial y tome medidas que recortan la igualdad de oportunidades, promueven la granjerización y suscitan la discriminación.